Al parecer el mercado de las comunicaciones es el pez gordo cuyo control se disputan tanto los bandos oficialistas, en su permanente afán de inmiscuirse en todo, como opositores, en su constante vocación de sacar rédito político de cuanto proyecto existe. Lo cierto es que en medio quedamos la gente, los ciudadanos, que lejos de percibir la sensación de protección que el Estado debe darnos, nos sentimos cada vez más expuestos, más indefensos y vulnerados en nuestros derechos.
¿Cuál es el límite para la ingerencia del gobierno en asuntos de comunicación? Pues el derecho de cualquier habitante de expresar libremente sus pensamientos, sin censura previa y del modo que mejor le plazca, sin afectar, obviamente el derecho de los demás. Algo tan simple y básico, garantizado constitucionalmente, pretende ser ignorado mediante la nueva Ley General Audiovisual que impulsa el gobierno español.
De acuerdo a este engendro legislativo “cualquier persona física o jurídica que posea el control editorial sobre programas, contenidos, la organización de los mismos en un canal o un catálogo de programas”, deberán poseer una licencia para la emisión de dichos contenidos, comunicarlos previamente al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA) y estar inscriptos en un registro nacional de prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Una clara mella en el ejercicio de la libertad de expresión.
El Partido Popular, principal fuerza opositora, ha llamado la atención sobre algunos puntos de esta ley especialmente aquellos que a juicio el diputado Miguel Ángel Cortés, acabarán perjudicando a webs, redes sociales, blogs, periódicos online y hasta el mismísimo Youtube, ya que estas actividades quedarían enmarcadas dentro de las cláusulas restrictivas de esta descabellada legislación.
¿Qué sucederá con quienes no cumplan con la normativa? Simple: sanciones económicas que pueden llegar hasta 1 millón de euros, el cese de la emisiones y el precinto de equipos e instalaciones utilizados para dicha transmisión. De prosperar esta legislación, España se enfrenta a uno de los mayores escándalos internacionales en materia de censura a medios masivos de comunicación. La comunidad mundial sigue con atención un intento que, de lograr su sanción, abrirá las compuertas de la indignación pública.